El gobierno analiza modificar el Programa Médico Obligatorio para evitar la quiebra del sistema
Hay consenso entre los sindicatos y las prepagas para revisar el programa que creen que hizo detonar las obras sociales.
El Gobierno está intensificando sus esfuerzos para presentar en los próximos días un proyecto de ley que reformaría el régimen penal juvenil, reduciendo la edad de imputabilidad penal de los 16 años actuales a los 14 años. Esta medida cobra urgencia después de la detención de un adolescente de 15 años, sospechoso de ser el sicario que asesinó a un playero en una estación de servicio en Rosario el pasado 10 de marzo, en medio de una ola de ataques perpetrados por grupos de narcotraficantes para infundir terror en la población.
El presidente Javier Milei expresó su satisfacción por la detención, tuiteando: "El que las hace las paga". Y el vocero presidencial Manuel Adorni agregó: "Delito de adulto, pena de adulto", impulsando un cambio en la legislación.
El ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, está finalizando un proyecto de ley para reducir la edad de imputabilidad a los 14 años, tarea que lleva al menos un mes. Sin embargo, la detención del adolescente en Rosario ha acelerado los planes del Gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, instó a la pronta acción: "Ya está ingresando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para que crímenes como estos nunca queden impunes", escribió recientemente. Aunque, si se presenta y se aprueba el proyecto de ley, no se aplicaría retroactivamente a este caso, ya que las leyes penales no tienen efecto retroactivo.
"Estamos trabajando en ello. Aún no está finalizado ni hay un borrador disponible. Se han revisado más de 30 proyectos para tener uno completo y mejorado. La mayoría de los proyectos revisados proponen como edad de imputabilidad los 14 años", explicó un colaborador de Cúneo Libarona a La Nación.
Fuentes de alto nivel en la Casa Rosada indicaron que la iniciativa se presentará en los próximos días. En su plataforma electoral, Milei propuso unas 50 medidas relacionadas con la seguridad, incluida la "exploración de la viabilidad de reducir la edad de imputabilidad de los menores".
El arresto del sospechoso del crimen de Bruno Bussanich fue anunciado por la ministra Bullrich. El Gobierno de Santa Fe había ofrecido una recompensa de 10 millones de pesos por información sobre el asesinato, que buscaba infundir temor en la población y exhibir el poder de las bandas narcotraficantes frente al Estado.
El arresto se produjo gracias a la información proporcionada por un individuo que se presentó ante la Justicia, afirmando conocer al asesino porque la madre del joven se lo había confiado. Este testimonio condujo a la detención del sospechoso, quien admitió haber disparado al playero de la estación de servicio.
Debido a su edad, 15 años, el sospechoso no puede ser arrestado ni juzgado como adulto. Sin embargo, la persona que proporcionó la información sobre su paradero aún puede recibir la recompensa ofrecida. Los fiscales Adrián Spelta y Patricio Saldutti comparten las sospechas sobre el detenido, al igual que las autoridades nacionales.
La apariencia del detenido coincide con las imágenes de las cámaras de seguridad que captaron el asesinato, así como con los tatuajes que supuestamente tiene el adolescente detenido, según informaron fuentes policiales. Por este crimen, ya había dos sospechosos de 19 años detenidos, a quienes se les confiscaron los teléfonos. Sin embargo, algunos investigadores han expresado cautela y les ha llamado la atención la rapidez con la que se produjo el arresto del sospechoso, lo que permitió cobrar la recompensa sin que el presunto criminal permanezca detenido.
La violencia en Rosario
El crimen del playero de la estación de servicio Puma fue parte de una serie de ataques contra dos conductores de colectivo y un taxista, lo que llevó a anunciar una reforma en la ley de seguridad interior para permitir que las fuerzas armadas intervengan en la lucha contra los delitos comunes. Estos actos de violencia incluyeron amenazas contra el jugador de fútbol Ángel Di María y su familia, lo que llevó a la detención de dos personas.
Hay consenso entre los sindicatos y las prepagas para revisar el programa que creen que hizo detonar las obras sociales.
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